Después de dos días de debates intensos, la sala de la Cámara de Diputados aprobó con 89 votos a favor, 43 en contra y 3 abstenciones la propuesta de legislar sobre el proyecto que regula los delitos de ocupaciones ilegales de propiedades, establece nuevas penas y formas de comisión, e incorpora mecanismos eficientes de restitución.

Al respecto el Diputado Saffirio señaló :La idea central del proyecto consiste en diferenciar las distintas hipótesis de usurpación y ocupación de inmuebles para, de esta manera, modificar la limitada sanción dispuesta en la ley al respecto. Además, se busca garantizar la aplicación de la norma y disuadir la comisión de este tipo de hecho mediante una sanción eficaz. Se le confiere carácter delictivo a la respectiva conducta, para lo cual se elimina el límite a la fragancia y se establece una nueva vía sancionatoria para la modalidad no violenta, a fin de facilitar la detención de los ocupantes ilegítimos.

El primer texto, boletín 13657-07, destaca que el delito de usurpación en el código penal tiene una penalidad baja. Esto no está acorde con la importancia de la propiedad como bien jurídico protegido y genera, a su vez, una disparidad entre la protección y la sanción del delito.

El segundo texto, boletín 14015-25, se enfoca en los grupos organizados que buscan lucrar mediante la usurpación de terrenos y estafar a compradores. La poca aplicación del delito de usurpación y las bajas penas, que van entre 6 y 20 UTM, han llevado a la impunidad en muchas ocupaciones. Los autores hacen una distinción entre dos tipos de usurpación: la por extrema necesidad, que deriva en asentamientos irregulares, y la que se realiza con fines distintos, como la comercialización ilegal de predios ajenos. Destacan el aumento de la práctica de loteos ilegales en grandes ciudades de Latinoamérica, incluyendo Chile, lo que aumenta la informalidad habitacional y financia a organizaciones criminales.

Tambien argumentó el diputado Saffirio que:” La penalidad baja de la usurpación como falta genera problemas prácticos y normativos, ya que para el desalojo no se pueden aplicar medidas cautelares que recaigan sobre la libertad del infractor. Además, el plazo de flagrancia es corto, lo que dificulta la acción policial. Los desalojos en usurpaciones representan un alto costo para Carabineros y una gran frustración para las víctimas debido a la reincidencia en muchos lugares”.

El proyecto tiene como principales metas castigar con prisión cualquier forma de usurpación u ocupación, ampliando el período de flagrancia en casos de este delito.

Además, permite la restitución anticipada de la propiedad ocupada tanto durante la investigación del delito como al presentarse una demanda civil. También autoriza el uso de técnicas especiales de investigación en la persecución de las usurpaciones.