•             El ente fiscalizador evaluó los convenios suscritos por los 16 Gobiernos Regionales del país, tras denuncias contra algunas fundaciones y ejecutores de programas. En el caso de la Araucanía no se detectaron ilegalidades, proponiendo sólo mejoras administrativas a los procesos.

La Contraloría General de la República emitió un contundente veredicto tras una exhaustiva auditoría a los convenios de transferencia de fondos desde los Gobiernos Regionales a fundaciones y corporaciones sin fines de lucro. Esta investigación abarcó el período comprendido entre 2021 a 2023 arrojando distintos resultados en cada región.

En 11 de los 16 Gobiernos Regionales, la Contraloría detectó posibles delitos o irregularidades y resolvió enviar los informes correspondientes al Ministerio Público. Regiones como Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, Los Ríos y Los Lagos, serán sometidas al escrutinio de la fiscalía pues se revelaron diversas irregularidades, como la asignación directa de iniciativas de inversión sin fundamento y la falta de control y monitoreo, entre otras.

Sin embargo, en el caso del Gobierno Regional de La Araucanía, la Contraloría descartó la presencia de ilegalidades, desechando el envío de antecedentes al Ministerio Público. El Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, presentó estos hallazgos durante su comparecencia ante la Comisión Investigadora del Caso Convenios de la Cámara de Diputados.

Uno de los temas más destacados en esta auditoría fue la asignación directa de fondos por parte de los Gobiernos Regionales, una práctica que ha sido criticada por parlamentarios como Érika Ñanco. Sin embargo, la Contraloría reconoció la legalidad de estos procesos, los cuales están respaldados por la legislación presupuestaria vigente, afirmando que “de los antecedentes tenidos a la vista, se advierte que los convenios de transferencia de que se trata han tenido como fundamento la respectiva asignación presupuestaria nominativa en que se establecieron los ejecutores de cada una de las iniciativas, conforme a las facultades que el legislador presupuestario otorgó a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, a los gobiernos regionales y a la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda”.

La Contraloría valoró el aporte y claridad del Gobierno Regional a la hora de proponer soluciones a los problemas administrativos registrados en el transcurso del proceso investigativo, afirmando que “atendidas las consideraciones expuestas durante el desarrollo del presente informe, el Gobierno Regional de La Araucanía, ha aportado antecedentes e iniciado acciones en relación con algunas de las observaciones formuladas en el documento de avance de Auditoría N° 684-A de esta Entidad Fiscalizadora, lo que ha permitido subsanarlas”.

Los informes de la Contraloría ponen en perspectiva la gestión de los fondos públicos en los Gobiernos Regionales y otras entidades del aparato central y plantea importantes desafíos en términos de regulación y transparencia en la asignación de recursos, destacando que el país cuenta con “una débil estructura de control”.

El Gobernador de la Araucanía Luciano Rivas valoró el informe de Contraloría, porque pone en su lugar “el trabajo duro y abnegado de nuestros funcionarios y equipos de trabajo. Es una demostración de que hemos actuado conforme a la norma vigente y elevando en lo que podíamos el bajo estándar que el Congreso puso para la asignación de estos recursos”.

“Acá hubo acusaciones infundadas para buscar un empate político y hacer daño a mi gestión, espero que quienes las hicieron se hagan cargo. En el Gobierno Regional hay funcionarios con vasta experiencia, de trabajo serio, profesional y responsable que no permitiremos que lo enloden. Seguiré disponible, como ha sido desde el principio, para cooperar en cada denuncia que se haga. Seremos siempre los primeros en transparentar lo que se nos solicite”, afirmó Rivas.