Esta legislación busca permitir que las personas que han realizado autoconstrucciones y que poseen cierto rango de vulnerabilidad social, las regularicen, lo que incluye el caso de inmuebles utilizados para pequeñas empresas o como equipamiento social. Ante ello los Diputados Jorge Saffirio, Frank Sauerbaum, Danisa Astudillo, Marcia Raphael, Juan Carlos Beltrán y el Diputado Jorge Duran, solicitaron una prórroga de un año más para mantener vigente la ley del mono.
Nuestro país atraviesa por un complejo momento en materia de vivienda social. A 2017, con datos obtenidos tras el Censo de dicho año, se afirmaba la necesidad de suplir 739.603 viviendas sociales en todo Chile, en beneficio tanto de quienes viven en calidad de allegados, como de quienes habitan una vivienda en malas condiciones.
Otro informe, del año pasado, va mucho más allá, puesto que da cuenta de la necesidad de 588.632 soluciones habitacionales reales que se estarían necesitando, vale decir, tal número de nuevas unidades para suplir así la necesidad de vivienda de familias y personas.
Al respecto el diputado Saffirio señaló: “La verdad es que, como se ve, la necesidad de medidas ante la demanda habitacional es amplia y en torno a ella se ubica la autoconstrucción, que son aquellas obras ejecutadas por personas sin obtener los permisos de obra o edificación correspondiente desde la Municipalidad y que en no pocos casos permiten suplir una necesidad social en materias como ampliaciones o mejoramiento de casas que derivan justamente de la imposibilidad o de la dificultad de acceder a una solución habitacional definitiva”.
Desde 2016 rige la Ley N°20.898, popularmente conocida como “Ley del Mono”, que establece un procedimiento para regularizar la autoconstrucción en viviendas sin someter a estas personas a sanciones, reconociendo que este fenómeno es recurrente y que posee una justificación material. Por ejemplo, en zonas altamente rurales o extremas, acceder a asistencia profesional para la obtención de los permisos municipales de edificación es sin duda algo costoso y difícil.
En tal índole de casos, esta legislación busca permitir que las personas que han realizado autoconstrucciones y que poseen cierto rango de vulnerabilidad social, las regularicen, lo que incluye el caso de inmuebles utilizados para pequeñas empresas o como equipamiento social. “la ley del mono, expira en febrero de 2023 próximo, y lo que hoy proponemos es que se prorrogue hasta el año 2024, este proyecto ha sido objeto de sucesivas prórrogas debido a las dificultades que han surgido para llevar adelante los procesos de regularización, entre los que pueden contarse la pandemia por Coronavirus”.
Actualmente, el difícil escenario económico supone también una dificultad para muchas personas en cuanto a poder acceder a los procedimientos de obtención de permisos sin considerar además que se siguen verificando los coletazos de las restricciones surgidas por la pandemia. Por lo dicho, se sostiene que es necesario prorrogar por un año adicional la aplicación de esta legislación, lo que beneficiará los procesos de regularización de viviendas de autoconstrucción.