El senador y jefe de bancada de su colectividad es uno de los votos en suspenso frente a la nueva propuesta presidencial para fiscal nacional. “Cuando hay dos nominaciones fallidas y a la tercera se termina cediendo a las presiones, salta a la vista el déficit de gestión política y capacidad de persuasión que aqueja al gobierno”, dice.

Una llamada de un representante del gobierno, cuya identidad prefiere mantener en el anonimato, recibió el miércoles a la hora del almuerzo, alrededor de las 14 horas, el senador y jefe de bancada del PPD, Jaime Quintana, para informarle que el Presidente Gabriel Boric optaría por el abogado Ángel Valencia como carta para fiscal nacional.

El anuncio sorprendió a Quintana, al igual que casi todo el Senado, que hasta esa hora esperaba que el Mandatario propusiera a Juan Agustín Meléndez, persecutor regional de Los Ríos, quien se ha desempeñado como jefe interino del Ministerio Público, en vista de que Jorge Abbott debió dejar el cargo a fines de septiembre de 2022 por cumplir el límite de 75 años.

“Tengo mi voto en duda”, comenta el senador PPD, cuya bancada mayoritariamente se mantiene igualmente en suspenso.

El Presidente dijo que había un intento de gallito de parte de algunos senadores. ¿Tras la nominación de Valencia, quedó con la sensación de que el Presidente ganó ese gallito o lo perdió?

Cuesta responder esa pregunta, porque no es fácil encontrar la explicación a la decisión que tomó el Presidente, al parecer, a última hora. Lo que observo en esta etapa final del proceso es a un gobierno zigzagueante y errático. La impresión que queda con la nominación de Valencia es que el Presidente termina cediendo a las presiones de algunos senadores y eso no es bueno para el proceso.

Entiendo que el anuncio fue sorpresivo, porque todos creían que iba a ser Meléndez… ¿o no?

Todas las señales que recibimos y trascendieron directa o indirectamente es que se trataba de Meléndez como la decisión que el Presidente tenía tomada hasta el miércoles en la mañana. Me cuesta comprender realmente cuáles son los fundamentos para optar por un nombre (Valencia) que el propio gobierno y las ministras nos habían señalado que no iban a proponer.

Y además de las reacciones de sorpresa, ¿hubo molestia?

Lo que pasa es que más allá de que un grupo de senadores, que por distintas razones, siempre empujó el nombre de Valencia, legítimas, por cierto, después del segundo intento (el nombramiento fallido de Marta Herrera) quedó tácitamente asumido que el nombre de Valencia no iba a ser propuesto. Razones se dieron muchas. Me quedo con el argumento de que al gobierno le hacía mucho ruido que se nombrara a una persona con muchos vínculos políticos, y en eso estamos de acuerdo. Creo que no es aconsejable que en este período, que requiere agilidad del Ministerio Público, donde se espera mucho de este ente persecutor, haya un titular con muchas redes políticas. Al revés, lo que se requiere es una persona que conozca el funcionamiento del Ministerio Público. Y muchos pensábamos que lo más adecuado era alguien de la institución. En medio de una crisis de seguridad, habría preferido a alguien con experiencia al interior del Ministerio Público.

¿El hecho de que tenga vínculos políticos causa dudas, sospechas de que pueda actuar de forma poco imparcial cuando haya casos que afecten a la élite política o económica?

O sea, se instaló la idea -no tengo ninguna base para suponer que así haya sido- que en el mandato de Jorge Abbott había una suerte de pacto de impunidad. Insisto, yo no tengo ninguna base para suponer que haya existido. Pero eso acompañó al Senado en los últimos años. Hoy con una persona que genere los ruidos, existe el riesgo de que nuevamente ese estigma acompañe al Senado. No solo eso. En el caso de que el Ministerio Público no logre revertir las magras cifras de persecución criminal, los magros indicadores, se va a responsabilizar directamente a este gobierno por haber elegido a una persona que generaba tantos cuestionamientos… No creo que una persona con tantos nexos con políticos sea la mejor carta para dejar atrás el lastre del supuesto pacto de impunidad.

¿Cuál fue el argumento que le dieron a usted cuando le avisaron que Valencia iba a ser el nombre del Presidente?

Se nos dijo que el gobierno había llegado a un convencimiento de que un externo podría mejorar la difícil situación que vive el Ministerio Público. Yo y la bancada nuestra mayoritariamente, lo conversado, no compartimos esa conclusión (del gobierno) y por eso votamos a favor de los dos nombramientos anteriores (José Morales y Marta Herrera).

¿Y el argumento del gobierno le parece convincente?

A mí no me parece. O sea, más que convincente, yo respeto el argumento del gobierno, pero simplemente no lo comparto.

Se instaló la sospecha de que ese no es el argumento de fondo…

Se han dicho muchas cosas durante los últimos días que naturalmente preocupan y que hacen más difícil esta decisión. Yo no tengo ninguna base tampoco para suponer que esas sospechas sean verídicas. Pero va generando un manto de duda.

¿La decisión deja en una posición debilitada a las ministras, que incluso en público criticaron las presiones de senadores para nombrar a Valencia?

No sé si debilitadas, pero pareciera que no jugaron un rol muy activo en esta tercera nominación… No soy de los que creen que el gobierno es responsable de que no tengamos a un titular (en el Ministerio Público) cuando han transcurrido 100 días. Y todas las nominaciones que hace el Presidente son válidas, porque pasan un primer filtro de la Corte Suprema. Lo que pasa es que esta nominación si no se eligió en un primer momento es porque, evidentemente, generaba ruido, resistencia y dudas… Cuando hay dos nominaciones fallidas y a la tercera se termina cediendo a las presiones, salta a la vista el déficit de gestión política y capacidad de persuasión que aqueja al gobierno.

Fuente: La tercera.