Juan Carlos Beltrán, parlamentario por el Distrito 22 explicó que aprobaron una modificación de ley que simplifica los procedimientos administrativos la ley para desarrollar proyectos habitacionales.

Con 114 votos a favor y sólo 9 en contra, la Cámara de Diputados aprobó la modificación de la Ley General de Urbanismo y Construcciones en materia de plazos y sanciones por incumplimiento, lo que pondrá el sueño de la casa propia más cerca de los ciudadanos y de forma más rápida.

Uno de los votos a favor fue el del diputado por el Distrito 22 y miembro de la Comisión de Vivienda, Juan Carlos Beltrán, quien señaló que la idea central de esta modificación es simplificar los procedimientos administrativos que exige la ley para desarrollar proyectos habitacionales para el ante proyecto de construcción, el informe de mitigación de impacto vial y el permiso de edificación para reducir los plazos.

Asimismo detalló que también se busca responsabilizar a las Direcciones de Obra Municipal, a los Servicios de Vivienda y Urbanización, a las Secretarías Regionales Ministeriales de Transporte y Telecomunicaciones y al Conservador de Bienes Raíces por las demoras injustificadas en el despacho de los instrumentos esenciales para el desarrollo de un proyecto inmobiliario, además de que se acotaron los plazos con que cada una de estas dependencias cuenta para hacer los trámites relacionados con desarrollos habitacionales.

“Los procesos administrativos —indicó el diputado Beltrán— son lo que más retrasa la entrega de proyectos habitacionales, pues de un promedio de 32 meses en total para el proyecto, lo que incluye desde el anteproyecto hasta la inscripción en el Conservador, 17 se destinan a trámites administrativos y es por esto que estamos tan satisfechos de que la Cámara haya aprobado esta modificación, porque esto pone más cerca de nuestros vecinos, el sueño de la casa propia”.

De igual modo, Juan Carlos Beltrán dijo que con esta modificación legal se espera alentar el sector de la construcción disminuyendo los plazos administrativos, la discrecionalidad administrativa y la ambigüedad jurídica.

Entre los cambios que sufrirá la ley se encuentran la ampliación del procedimiento de reclamaciones también a las actas de observaciones que pueda realizar el Director de Obras respectivo; la eliminación del estudio de geotecnia o mecánica de suelos relativo a los proyectos de cálculo estructural y la reducción del plazo de 20 a 5 días hábiles para la entrega de la documentación que se requiera de las empresas de servicios como empresas sanitarias o eléctricas, entre otros.

También acotan y define las competencias de los Directores de Obras Municipales respecto del otorgamiento de los permisos y autorizaciones que se les requieran; establece la obligación, en caso de rechazo de la solicitud de que esta se haga por escrito, con expresión de los motivos y causas de este; se simplifica el procedimiento respecto de aquellos aspectos que no contienen normas urbanísticas; se fija el plazo de revisión de un permiso hasta 60 días cuando se trate de proyectos

cuya carga de ocupación sea igual o superior a 5.000 personas y puede ser de 30 días con informe favorable de un revisor independiente. Actualmente este plazo es indeterminado.

Por último, Juan Carlos Beltrán expresó su alegría “porque de esta forma estamos apoyando a los dirigentes sociales y socios de los diferentes comités habitacionales que, por años, han esperado lograr tener su casa propia, el sueño de toda familia”.